La denuncia penal presentada por la Municipalidad de General Madariaga contra el PAMI por la reasignación de la cápita de sus afiliados sigue generando repercusiones a nivel nacional. Esta semana, la diputada Margarita Stolbizer formalizó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación, solicitando que el titular del organismo sea citado con carácter urgente para rendir cuentas sobre una serie de presuntas irregularidades detectadas en distintas provincias.

En su escrito, la legisladora hace mención expresa a lo ocurrido en General Madariaga, reproduciendo en su argumentación el siguiente párrafo de la denuncia original del municipio:

“La Municipalidad de General Madariaga cuenta con un HOSPITAL MUNICIPAL con gran prestigio en la zona, y que cubre una importante cantidad de servicios, tanto sea de emergencias, internación, terapia intensiva, quirófano, etcétera. A través de convenio con el INSSJP-PAMI, los beneficiarios de dicha obra social, jubilados y pensionados que viven en nuestro Municipio, se atendían en el hospital municipal, abonando INSSJP-PAMI una cápita por dichos afiliados. DICHA CÁPITA (MÓDULO 69) INCLUYE ATENCIÓN POR GUARDIA – INTERNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. Llamativamente, pese a la conformidad de los pacientes, que no existieron quejas sobre la atención, y el normal desarrollo de la actividad, el INSSJP-PAMI decidió en forma arbitraria modificar la cápita asignada, otorgando un número muy importante a la Clínica Privada INSTITUTO MEDICOMADARIAGUENSE, y quedando el Hospital Municipal con un número menor. Pese a las quejas constantes de los afiliados y las posibilidades temporales de pedir volver al Hospital Municipal, el INSSJP-PAMI avanzó en su absurda postura, generando obviamente un amplio beneficio a la entidad privada en desmedro del derecho a la Salud y la atención digna de sus propios afiliados. Más allá que dicha decisión en sí debería ser investigada, no solo por lo arbitraria sino porque claramente tuvo como fundamento el beneficiar a una empresa privada afectando derechos de afiliados de PAMI, incluso de otros Municipios que por su distancia a General Madariaga se quedaron directamente sin atención médica por obra social...”

Stolbizer advirtió que lo ocurrido en Madariaga no es un hecho aislado, y que existen múltiples denuncias públicas y judiciales en distintas partes del país por hechos similares, lo que permitiría inferir un modus operandi sistemático que perjudica tanto a los afiliados de la obra social como al sistema público de salud.

En este contexto, la diputada de Hacemos Coalición Federal solicitó que se apruebe su iniciativa para convocar al titular de PAMI ante la Comisión de Salud de la Cámara, a fin de que dé explicaciones formales sobre las políticas de gestión y el presunto desvío de recursos públicos en favor de prestadores privados.

La denuncia original presentada por la Municipalidad de General Madariaga ya fue judicializada y se encuentra en manos de la Fiscalía Descentralizada I de Dolores, donde se investigan posibles delitos de fraude contra la administración pública, cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.