A medida que se profundiza el debate por una posible desregulación inmobiliaria, los protagonistas del sector e incluso algunos legisladores apuntan contra una de las mayores trabas que presenta la profesión: la matriculación obligatoria. 

Así como diferentes analistas han señalado que el sistema de la colegiación está en riesgo por sus propias deficiencias y su imposibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades, también existen voces que remarcan el sinsentido de estar obligados a matricularse, así como el requisito de título universitario para ejercer. “No puede sostenerse una estructura donde el ente que otorga la matrícula también actúa como juez. Además, es preciso terminar con las restricciones territoriales, que exigen una matrícula distinta por provincia o distrito. Hoy es posible operar digitalmente desde cualquier lugar. Esa segmentación geográfica impide la libre competencia”, advirtió Jorge Amoreo Casotti, fundador de la proptech Pint. 

El referente inmobiliario también ha propuesto eliminar las sanciones por ejercer sin estar matriculado. “Existen casos de clausuras y multas millonarias por publicar propiedades sin autorización. Eso representa una forma de coerción institucional, no una defensa del consumidor”, señaló. 

Amoreo Casotti también sostuvo que muchos consumidores no valoran la existencia de una matrícula como sinónimo de garantía: “Hoy las decisiones de confianza se toman en función de reseñas en línea, experiencias previas y referencias. No por pertenencia a un organismo”.

En la misma línea, la diputada Marcela Pagano presentó un proyecto para modificar el Decreto 2293/1992 y eliminar la obligatoriedad de la matriculación en colegios profesionales, consejos y asociaciones. El objetivo es “desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios, eliminando la obligación del pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los profesionales, promoviendo el ejercicio libre de la profesión en diferentes jurisdicciones”. 

En ese sentido, el proyecto contempla la creación de un registro nacional en el que deberán inscribirse gratuitamente “todos aquellos profesionales universitarios y no universitarios con título de validez nacional, para ejercer su profesión en todo el territorio de la República”. Ese registro reemplazaría la matrícula obligatoria en los respectivos Colegios, Consejos, Asociaciones de profesionales y organismos análogos que actualmente regulan el ejercicio de la profesión. Así, la inscripción sería gratuita y única para ejercer en todo el país, reemplazando las matrículas provinciales. 

“Quien lo quiera pagar, que sea libre de hacerlo. Tienen que empezar a dejar laburar en paz a la gente. Y eso aplica tanto para Colegios como para Consejos Profesionales. Aparte son costos ocultos que al final del camino inflan los precios”, señaló Pagano en relación a su proyecto y los aportes que los profesionales hacen para la matriculación y cajas específicas. 

También el diputado Alejandro Bongiovanni del PRO propuso modificar la Ley N° 20.266, sancionada en 1973, con la intención de tener un mercado de bienes raíces más abierto. En ese sentido, se eximiría de contar con una matrícula obligatoria o título universitario para intermediar en el sector inmobiliario. “La exigencia de un título universitario y la inscripción en los colegios profesionales implica barreras artificiales que limitan el acceso a la actividad, limitando la competencia”, dijo Bongiovanni. 

De acuerdo con su proyecto, denominado Ley de Libertad Inmobiliaria, se eliminaría la obligatoriedad de la inscripción en los colegios profesionales, permitiendo el desarrollo de la actividad a toda persona “idónea”. Asimismo, los Colegios profesionales dejarían de ser los únicos que ejercen como reguladores y jueces de la actividad inmobiliaria y habrá competencia entre las entidades privadas que ofrezcan certificaciones voluntarias. 

Bongiovanni también señaló la restricción geográfica que tienen los profesionales para ejercer. “La limitación a una jurisdicción específica impide la libre circulación de los intermediarios del sector, obstaculizando la innovación y la eficiencia. Hoy, si uno está registrado para vender en la ciudad A, no puede vender en la ciudad B. Una locura total en un entorno cada vez más digitalizado”, cerró.