En las últimas horas se confirmó la elevación a juicio del segundo caso de violencia institucional en General Madariaga, ocurrido el 26 de marzo de 2025 en la intersección de Rivadavia y Zubiaurre, y registrado por una cámara de seguridad privada.
La causa está a cargo del fiscal Walter Mércuri, titular de la UFI N°8 de General Madariaga, quien sostuvo que existen “elementos suficientes e indicios vehementes” para avanzar hacia un proceso judicial contra el imputado Cristian Marcelo Lovera (49), agente de la patrulla urbana municipal.
En el pedido, al que accedió EL MENSAJERO, consta de manera literal:
“El día 26 de marzo de 2025, en el horario aproximado de las 16:10 hs, en la intersección de las calles Rivadavia y Zubiaurre de la ciudad de General Madariaga, partido homónimo, un sujeto adulto de sexo masculino identificado como Lovera Cristian Marcelo, empleado de la patrulla Municipal de Gral. Madariaga, en pleno desempeño de sus funciones, sin mediar motivo alguno, realizó actos vejatorios contra un ciudadano aún no identificado, propinándole un golpe de puño en el lado izquierdo de la cara”.
Según el fiscal, los videos aportados por un local comercial, junto con el testimonio de un testigo presencial, confirman lo denunciado y refuerzan el cuadro acusatorio.
El hecho fue calificado como vejaciones y/o apremios ilegales en acto de servicio (art. 144 inciso 2º del Código Penal). En su análisis, el fiscal señala que se trata de un claro caso de abuso de poder por parte de un agente estatal, al utilizar de forma indebida su autoridad y los medios de coerción asignados para la función pública.
Además, destacó que 'no es el primer hecho de similares características del cual esta imputado Lovera'.
El fiscal descartó la posibilidad de suspensión de juicio a prueba debido a la condición de funcionario público del imputado, pero dejó abierta la vía del juicio abreviado, proponiendo una pena de un año de prisión en suspenso, dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de las costas del proceso.
En caso de no arribarse a un acuerdo para el juicio abreviado, la causa será elevada al Juzgado Correccional correspondiente para la realización del juicio oral.
