Tal cual lo publicado hace unas horas por elsello tv el 17 de mayo de 2020, un trabajador rural circulaba en su máquina fumigadora por el 'camino a la larga' hacia la Ruta Provincial 56. Al salir de una curva, el vehículo cayó en una zanja de un metro y medio de profundidad. El municipio había excavado ese pozo transversal para bloquear la salida de la ciudad durante el aislamiento por COVID-19, pero omitió colocar señalización o advertencia alguna.
El impacto destrozó parte de la maquinaria, una Metalfor 3200, y provocó contusiones en el conductor. Tras analizar las pruebas, el juzgado ordenó indemnizar el daño material, el lucro cesante por los tres meses que el vehículo de trabajo estuvo inactivo y el daño moral. Para evitar la pérdida de valor adquisitivo por el paso del tiempo, los montos fueron actualizados y convertidos al valor presente.
La Municipalidad faltó a las audiencias donde declararon los testigos, no presentó alegato final ni cuestionó la liquidación, por lo que en esta instancia no hay margen para cuestionar los números. Con esta resolución firme y la aprobación definitiva de los montos, la Municipalidad fue declarada vencida y deberá asumir, además, las costas del juicio. El gobierno local dispone ahora de un plazo de sesenta días para transferir los fondos.
El origen del conflicto se remonta a mayo de 2020, cuando el diario El Mensajero publicó la nota 'Una fumigadora cayó en una zanja hecha por el municipio' . En aquel momento, Pascual Aloisi, propietario de la maquinaria, manifestó a la prensa su desesperación: 'No me puedo comer un palo y medio de arreglo y tres meses sin trabajar', y había anticipado que iniciaría acciones legales contra la comuna porque 'el seguro no puede cubrirme un siniestro provocado por una falla en el camino que fue hecha adrede'.
'Me arruinaron. Me costó una barbaridad la máquina y ahora va a estar tres meses parada. No sé cómo voy a hacer para pagar los impuestos', sostuvo Aloisi en aquella oportunidad, añadiendo que la había terminado de pagar el 15 de febrero de ese año y que había salido 100.000 dólares. La empresa Metalfor ya había indicado entonces que el costo del arreglo del tren delantero ascendería a 1,5 millones de pesos.
Por su parte, en aquel momento funcionarios del municipio expresaron que se habían dejado dos tambores para señalizar el lugar, pero que habrían sido quitados, lo que finalmente provocó el incidente. Seis años después, la Justicia cerró el caso con una condena millonaria que representa un duro golpe para las arcas municipales.
