En los últimos días, EL MENSAJERO mantuvo contacto con el Dr. Santiago Escobar, quien fuera elegido en las últimas elecciones provinciales como concejal en General Madariaga por Fuerza Patria. En esta entrevista, el próximo edil se refirió a temas como las próximas elecciones nacionales, la situación económica local, la licitación de CECAITRA y el fallo sobre el predio del basural.
¿Qué te dejó la elección de septiembre y qué se espera para las próximas del 26 de octubre?
Las elecciones de septiembre, ya con un mes de distancia, me dejaron la sensación de un objetivo cumplido para el peronismo madariaguense: la renovación de las dos bancas. En mi caso, fui electo por Fuerza Patria como candidato por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que en la provincia conduce el gobernador Axel Kicillof, ocuparé la banca que deja el compañero Carlos Caro, un referente muy valioso que me transmite una gran responsabilidad de representación, la cual asumiré con plena convicción.
En lo que refiere a las elecciones del 26 de octubre se enfrentarán dos modelos de país: uno que propone ajuste y más endeudamiento, y otro el de Fuerza Patria, encabezado por el compañero Jorge Taiana que busca poner un freno a esas políticas regresivas. Por capacidad, experiencia y trayectoria, representa la mejor opción para aportar claridad en un tiempo tan complejo y oscuro para la economía y la política argentina.
¿La situación económica influye en Madariaga?
Sin dudas. La coyuntura económica golpea todos los bolsillos y el Municipio de Madariaga no es la excepción. Durante la campaña señalamos con firmeza que, más allá del contexto desfavorable para el consumo y la coparticipación de impuestos, la gestión local ha tomado decisiones erróneas, caprichosas y, en algunos casos, directamente perjudiciales.
Los números lo demuestran: el déficit financiero municipal ascendió a $3.400 millones al 30 de septiembre. Las cuentas bancarias son preocupantes: $60 millones disponibles para gastos inmediatos y $47 millones de fondos afectados frente a los $193 millones en caja y $240 millones en plazo fijo que habían antes. Al 30 de septiembre de ese plazo fijo solo quedan $40 millones.
En resumen, el municipio no recaudó lo que proyectó y sigue gastando por encima de sus ingresos dependiendo cada vez más de la coparticipación provincial.
¿Qué se puede hacer para revertir esa situación?
La campaña local ya terminó, pero los reclamos siguen vigentes. A este ritmo difícilmente el Intendente Santoro llegue a fin de año con las cuentas saneadas. Deseo sinceramente que los salarios y los servicios no se vean afectados. Sin embargo la realidad indica lo contrario: la liquidez está muy comprometida y las prioridades siguen desordenadas.
Fue un grave error aumentar el bono por dedicación exclusiva de secretarios y directores del 30% al 70%. Mientras un empleado municipal promedio cobra alrededor de $350.000 mensuales, los funcionarios perciben entre 3 y 4 millones de pesos de bolsillo. Esa desigualdad la decidió el intendente Santoro, y es una muestra clara de desconexión con la realidad, y no puede culpar a la provincia por eso, ya que fue una decisión de él.
A eso se suman otras difíciles de justificar, como la licitación del sistema de fotomultas adjudicada a CECAITRA, con domicilio declarado en un terreno baldío y una oferta económicamente desfavorable para el municipio.
Ya lo dije en campaña y lo seguiré sosteniendo, todo el expediente municipal adolece de severas irregularidades. Desde que Carlos Caro denunció esto en el año 2022 cuando contrataron directamente por $1.500 millones de pesos a favor de ellos, no hubo una sola respuesta convincente. Es un caso que sintetiza la falta de transparencia y de prioridades de la gestión actual, no me explico cómo regalaron un 7% de recaudación aceptando la oferta más baja este año.
¿Hay más casos como esos?
Sí, y muchos se silencian. En agosto se conoció una sentencia de primera instancia que condena al municipio a pagar USD 684.316 por la expropiación del predio del basural sobre la Ruta 11. El Intendente Santoro intentó resolverlo con una oferta de USD 250.000, pero la justicia falló en contra. Como siempre, alejado del diálogo ya que se prefirió ir al conflicto judicial en vez de solucionarlo por medio del acuerdo con el vecino de Madariaga.
Esa sentencia está apelada, pero si se confirma el monto —sumado a intereses, costas y honorarios de abogados— podría ser impagable para las arcas municipales. De confirmarse, quedaría empeñado el futuro de muchos servicios a un valor en pesos incalculable.
Estos son temas que deberemos empezar a discutir con seriedad en el Concejo Deliberante.
¿Qué puede esperar el vecino del peronismo frente a esos casos?
De mi parte, el compromiso de seguir auditando y controlando desde el Concejo, siempre con una mirada constructiva y poniendo por delante el bienestar de todos los vecinos.
En el peronismo creo que hay diversidad de pensamiento, construcción y liderazgos. Es momento de encontrarnos y transitar un camino comunitario que nos una a todos los madariaguenses.
Axel Kicillof está haciendo un gran trabajo en la provincia, la obra pública no se detuvo, tenemos grandes esperanzas de construir algo que represente a la mayoría ya que Madariaga necesita planificación, orden y sensibilidad. No se puede seguir ajustando la realidad a un presupuesto; hay que hacer presupuestos que respondan a la realidad.
Hoy el municipio gestiona en “piloto automático”, sin rumbo ni escucha, poniendo en riesgo el futuro de nuestra ciudad. Ahí es donde a mi entender el peronismo tiene que estar, trabajando sobre la realidad para construir el mejor futuro para Madariaga.
