La temporada 2026/2027 en Pinamar arrancó con un capítulo judicial que pone en jaque uno de los pilares de la nueva normativa de venta ambulante. El Tribunal en lo Criminal N° 1 Departamental hizo lugar a un amparo y ordenó a la Municipalidad de Pinamar otorgar un permiso provisional a un vendedor domiciliado en Dolores, sin exigirle la residencia local que impone la Ordenanza N° 7336/2026.

La medida cautelar innovativa y de no innovar recayó en la causa "CELLILLI, ALEJANDRO MARCOS C/MUNICIPALIDAD DE PINAMAR S/ AMPARO" y llevó las firmas de los jueces Christian Rabaia y María Claudia Castro, según pudo saber Diario Compromiso.

Un trámite iniciado (y pagado) antes de la nueva regla

El conflicto tiene un detalle que resultó clave: Alejandro Cellilli no es un recién llegado. Es permisionario de venta ambulante no alimenticia en las playas de Pinamar desde hace más de 14 años, en los rubros "Pareos, pañuelos y túnicas" y "Bijouterie", y está domiciliado en Dolores.

Cuando inició la renovación para la próxima temporada, la Dirección de Habilitaciones calificó expresamente el trámite como "RENOVACIÓN", constatando el cumplimiento de los requisitos vigentes. El 5 de enero de 2026, la Secretaría de Hacienda Municipal le informó que la solicitud estaba "en proceso de resolución" y le pidió el pago del canon fiscal.

Cellilli pagó: $1.330.473,60 mediante el Recibo de Recaudación N° 10-5610848, correspondiente a la "Tasa Venta Ambulante No Alimenticio" y Tasas de Salud y Seguridad. El comprobante emitido por el propio municipio consignaba su domicilio en Dolores y lo identificaba como "Notificado Permisionario".

El problema llegó el 14 de agosto de 2026, cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 7336/2026, que introdujo la exigencia de residencia efectiva y continua en el Partido como condición excluyente para conceder o renovar habilitaciones. Al intentar continuar con su trámite, la Comuna le negó el certificado de libre deuda y la continuidad del proceso por no registrar residencia en Pinamar o General Madariaga.

"Una conducta que va contra sus propios actos"

Los magistrados analizaron la secuencia cronológica de las actuaciones administrativas y fueron contundentes: el trámite no solo ya estaba iniciado, sino que la propia Administración Municipal requirió y cobró el canon conociendo perfectamente que el solicitante residía en Dolores.

El fallo citó expresamente la doctrina de los actos propios, un principio general del derecho basado en la buena fe que impide a un sujeto contradecir sus propios actos anteriores:

"La actitud asumida por la Comuna al negar el permiso requerido sobre la base de requisitos impuestos por una nueva Ordenanza, luego de haber dado inicio a lo peticionado y percibir el canon al efecto, trasunta una conducta que va contra sus propios actos anteriores, trasluciendo una actitud distanciada de la confianza legítima y la buena fe".

El Tribunal también enfatizó que el sometimiento de la Administración al imperio de la legalidad abarca el control judicial de sus facultades discrecionales, para evitar situaciones arbitrarias que lesionen derechos adquiridos o expectativas legítimas.

El verano no espera: el peligro en la demora

Uno de los argumentos más fuertes del fallo fue la naturaleza estacional de la actividad. Los jueces advirtieron que, tratándose de venta ambulante durante la temporada estival, la falta de una tutela oportuna tornaría ilusoria cualquier sentencia definitiva dictada después del verano, privando al trabajador de su sustento económico.

El pronunciamiento mencionó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Camacho Acosta") sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten perjuicios de difícil o imposible reparación, y encuadró la tutela en garantías constitucionales:

· Constitución Nacional: Artículo 14 (derecho a trabajar y comerciar), Artículo 75 inciso 22 (tratados de derechos humanos) y Artículo 75 inciso 23 (medidas de acción positiva).

· Constitución de la Provincia de Buenos Aires: Artículos 27 y 39 (libertad de trabajo, industria y comercio).

· Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Artículos 6 y 7 (derecho al trabajo y a condiciones equitativas).

El Tribunal aclaró que la medida no desconoce la potestad municipal de ordenar el espacio público ni concede un derecho absoluto, sino que busca equilibrar los derechos del trabajador con las atribuciones de fiscalización del Estado local.

Qué ordenó la Justicia

La parte resolutiva del fallo estableció:

1. Hacer lugar a la medida cautelar promovida por Alejandro Marcos Cellilli, bajo el patrocinio letrado del Dr. Claudio Munafó.

2. Ordenar a la Municipalidad de Pinamar que, en el plazo perentorio de 24 horas de notificada, reciba, admita y dé curso a la solicitud de renovación del permiso de venta ambulante para la temporada 2026/2027, sin oponer el requisito de residencia de la Ordenanza N° 7336/2026.

3. Imponer apercibimiento: en caso de incumplimiento, se hará responsable personalmente al funcionario remiso y se remitirán las actuaciones a la Justicia Penal por la eventual comisión del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal (desobediencia).

4. Preservar los cupos: disponer una medida de no innovar para evitar que las plazas correspondientes a los rubros de pareos, pañuelos, túnicas y bijouterie utilizadas por el actor sean declaradas vacantes o asignadas a terceros mientras dure el litigio.

El fallo dejó establecido que la medida se otorga bajo caución juratoria —que se tiene por implícitamente prestada— y que la habilitación provisoria quedará sujeta a que el amparista cumpla con el resto de los requisitos reglamentarios y los controles de inspección comunes a la actividad.