El estado de las escuelas de General Madariaga volvió a ser noticia luego de las intensas lluvias que afectaron al distrito, con imágenes de establecimientos anegados que circularon por redes sociales. Detrás del reclamo por los techos y las filtraciones, sin embargo, se esconde una discusión más profunda: el uso del Fondo de Financiamiento Educativo, los más de mil millones de pesos que la Provincia giró al Municipio y la obligación legal de destinar al menos el 40% a infraestructura escolar.

En medio de esta controversia, el concejal Santiago Escobar (PJ-MDF), referente de la oposición en el Concejo Deliberante, planteó una serie de cuestionamientos a la gestión del intendente Santoro. En diálogo con este medio, Escobar asegura que "la plata está", pero que falta transparencia en su ejecución. También extendió sus críticas a otras áreas de la administración municipal, como las contrataciones directas en el hospital y el sistema de fotomultas.

Desde el Municipio, en tanto, han sostenido que las obras de infraestructura escolar son responsabilidad de la Provincia, y que el Consejo Escolar —integrado en su totalidad por representantes del oficialismo— viene reclamando ante ese nivel de gobierno. Los gremios docentes, por su parte, exigen respuestas concretas y advierten que las escuelas no pueden seguir esperando.

Usted afirmó que "la plata está". ¿En qué se basa para decir que el Municipio no está invirtiendo el Fondo Educativo como corresponde?

En los propios datos oficiales, que se contradicen entre sí. No son hechos aislados: es un mismo patrón —la falta de transparencia— que atraviesa a una gestión que parece no tener ya ganas de gobernar.

Hace unos días volvieron a echar culpas por los techos de las escuelas. La Provincia lleva girado a Madariaga $1.287.279.739 este año por Fondo Educativo. El 40% obligatorio por ley para obras asciende a $514.911.895, monto que ya superará lo presupuestado por el municipio para todo el año: $540 millones. La pregunta es simple: ¿en qué se usa esa plata? La plata está. Lo que no está es la voluntad de usarla, en lugar de culpar a otros por el propio desmanejo.

El Consejo Escolar está compuesto al 100% por representación de Santoro: ninguna voz hay ahí que no sea la oficial. Todavía se espera que se cumpla el 40% de 2024, y que se devuelva el hormigón licitado para la Escuela N°5, usado en el camino del lago. En 2025 el municipio recibió $1.444 millones por el mismo fondo y no llegó a cubrir en obras ni el mínimo legal de $577 millones. Esto no es opinión: surge de los propios informes del Tribunal de Cuentas.

¿Dónde más ve este patrón?

En cada lugar donde este gobierno dice ser transparente, aparece la misma opacidad. Hubo una contratación directa por más de 40 millones para el software del hospital, sin licitación, cuando la ley la exige a partir de los 7 millones. ¿Por qué lo hacen así?

Más grave aún: el Tribunal de Cuentas constató que la empresa adjudicataria del sistema de fotomultas en rutas 11 y 56 constituyó domicilio legal en un terreno baldío. El ex concejal Caro había pedido informes y hasta hizo una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. El expediente terminó bajo investigación penal y debió ser secuestrado por la Fiscalía interviniente tras no ser remitido. Yo mismo formalicé una denuncia penal, porque todo indicaría un direccionamiento de esa licitación hacia una empresa investigada en distintos distritos por presuntas coimas y evasión fiscal — que ni siquiera cumple con el mantenimiento de los radares. Hablamos de la segunda fuente de recaudación municipal, $1.600 millones, sin trazabilidad ni control real, sin saber si recibimos lo que corresponde.

Votó a favor del presupuesto general, pero no de todo. ¿Por qué?

Porque ahí aparece el mismo patrón. No acompañé el bono por "función jerarquizada": nunca hubo justificación clara. Se comprobó que fue, en los hechos, el pago encubierto de una bonificación a funcionarios —Secretario de Hacienda, Directora de Finanzas y otros— que  cobraban sin derecho el bono por manejo de caja, y que en vez de corregirlo con transparencia, lo resolvieron con una salida encubierta en el HCD. Creo que no hacía falta. El mecanismo es siempre el mismo: decisiones sin explicar, plata sin rastrear, salarios municipales de base bajos, y culpas que se echan a la provincia, a la oposición, al clima y hasta a los propios vecinos.

 Más allá de las denuncias, ¿cómo sigue su trabajo en el Concejo Deliberante?

Creo que queda demostrado que es fácil descalificar con mentiras a quienes pensamos distinto; lo difícil es gobernar bien y con seriedad, y ese esfuerzo hoy no lo veo.

Pero mi rol no se agota en señalar lo que está mal. Presenté un proyecto para que las grandes inversiones y el cobro de plusvalía exijan una tasación municipal propia, y no dependan solo de la tasación del privado — hoy está en tratamiento. Presenté también un proyecto de adhesión a la ley de discapacidad, para garantizar un mejor abordaje con capacitación obligatoria a empleados y funcionarios municipales. Y aunque lamentablemente no se aprobó mi proyecto para reactivar la Mesa Local de Zoonosis, sigo convencido de que hay que insistir en esa agenda.

Madariaga necesita un intendente que gobierne para el vecino con transparencia real, y un oficialismo que priorice la educación, la seguridad y el control de los fondos públicos, en lugar de ser oposición a la oposición. Eso muestra una falta de agenda y plan de gobierno. Mientras tanto, mi compromiso sigue siendo el mismo: trabajar, proponer y controlar, hasta el final de mi mandato, aunque esto les moleste.