La Plata (Gentileza El Día).- El mismo mes en que se cumplen 22 años del asesinato de José Luis Cabezas en Pinamar, sus allegados descubrieron que el ex policía platense que fue condenado a perpetua por matar al reportero gráfico “ofrece por las redes sociales sus servicios como abogado”.

Se trata de Gustavo Prellezo, quien en 2017 obtuvo la libertad condicional, se recibió de abogado, juró como profesional en Quilmes y una semana después el Colegio de Abogados de ese departamento judicial le quitó la matrícula.

Fundaron su decisión en el hecho de que Prellezo está “comprendido dentro de lo establecido por el artículo 2 inciso 1ro de la ley 5.177”, que excluye a “los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena”, lo que ocurriría recién en tres años.

Sin embargo, en los últimos días allegados a Cabezas se toparon en las redes sociales con avisos que ofrecen los servicios del estudio jurídico Prellezo y Moran para la “defensa penal o administrativa en toda la provincia de Buenos Aires –CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Narcotráfico Interior”.

Según los registros oficiales, el ex policía sindicado como autor material de la ejecución de Cabezas se matriculó ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal el 22 de agosto de 2018, ofreciendo como domicilio y teléfono legal los de su abogado defensor, Jorge Freire.

Esta inscripción limita el ejercicio profesional de Prellezo al territorio porteño, ya que la ley 5177, que regula el ejercicio profesional del Derecho, sanciona a aquel que “sin tener título que para ello lo habilite y/o inscripción en la matrícula, patrocine, defienda, tramite o de cualquier manera tome intervención o participación directa no autorizada por la ley”, entre otros artículos que advierten sobre las infracciones al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.

El Código Penal también contempla la usurpación de autoridad, títulos u honores, que reprime “con prisión de quince días a un año al que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial”.

Sin embargo, el supuesto ejercicio del Derecho en territorio bonaerense no sería la única presunta irregularidad en la que habría incurrido Prellezo.

En su perfil de la red social Facebook, su esposa ofrece los servicios del mismo estudio resaltando que “una buena defensa puede significar la libertad o muchos menos años a cumplir”, mientras que en otra publicación se dirige directamente a los potenciales clientes: “¿Estás detenido injustamente por algo que no hiciste? o ¿te armaron una causa y sos inocente y nadie te escucha? Llamanos y te vamos a ver o nos entrevistamos con tu familia, te podemos ayudar”, con el teléfono y la dirección de la casa de Prellezo en Los Hornos.

En sus artículos 6 y 7 la Ley 5177 prohibe “procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional” y “publicar avisos o realizar propaganda, por cualquier medio de difusión que pueda inducir a engaño a los clientes u ofrecer servicios contrarios o violatorios de las leyes”.

Los allegados a Cabezas pusieron también bajo la lupa distintas transacciones comerciales a través de las redes sociales que presuntamente involucrarían a Prellezo y a su mujer con la venta y alquiler de autos y propiedades, incluido un departamento en las termas de Entre Ríos, provincia en la que nació y se mató de un escopetazo el sindicado autor intelectual del crimen de Cabezas, Alfredo Yabrán.

Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 tras una fiesta de cumpleaños en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar, donde el fotógrafo de la revista Noticias realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano. Para la Justicia, la víctima fue capturada por la llamada ‘Banda de Los Horneros’ en un operativo clandestino supervisado por los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevada hasta una cava de un camino rural de General Madariaga, donde Prellezo lo asesinó de dos tiros en la cabeza y quemó su cuerpo.

Comunicado de la familia Cabezas

La familia de José Luis Cabezas, sus amigos y colegas rechazamos de plano la matrícula profesional que le otorgó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a Gustavo Daniel Prellezo, el ex policía que asesinó brutalmente al reportero gráfico.

Prellezo está en Libertad Condicional desde diciembre de 2017, aunque ya transitaba sus días en su casa desde el año 2010 bajo el régimen de prisión domiciliaria. Fue condenado a reclusión perpetua en febrero de 2002, pero sólo pasó tras las rejas 13 años, pese a que la sentencia fue ratificada en las máximas instancias judiciales de la provincia y el pais. Aún así la condena recién expira en 2022.

Se recibió de abogado y luego de escribano en la Universidad de La Plata. Y se matriculó entregando documentación que faltaba a la verdad en el Colegio de Abogados de Quilmes. Frente a nuestras advertencias, esa misma institución le retiró la matrícula pocos días después de entregársela. Hoy Prellezo no tiene habilitación para ejercer como abogado en la provincia de Buenos Aires. Pese a eso ofrece sus servicios por distintos medios y se lo suele ver en los tribunales bonaerenses.

Ahora, con profundo dolor e indignación nos enteramos que en la Capital Federal le otorgaron la matrícula en agosto de 2018 y que dio como domicilio especial el estudio de su abogado Jorge Freire.

Pero hay normativa vigente, como la Ley 23.187 -que regula la actividad profesional de los letrados en la Capital Federal- y hasta el Código de Ética del Colegio de Abogados porteño, que impedirían a Prellezo tener ese beneficio, dado que su condena aún no está cumplida.

Todo esto más allá de la valoración moral que nos merece que un criminal que tan brutalmente nos arrebató a José Luis ahora se presente como un defensor de la legalidad y del Derecho.

Por eso, le exigimos a las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que revean su decisión y le quiten de manera inmediata la matrícula profesional al autor del peor atentado a la Libertad de Expresión desde el retorno de la democracia en Argentina.

No pedimos que se viole la Ley, al contrario. Que se aplique tal cual como dice su letra. Y que en la decisión que tomen tengan en cuenta que detrás no sólo está el dolor de una familia sino también toda una sociedad que espera que los abogados sean quienes den el ejemplo en materia legal. Y que la Justicia haga Justicia.

No nos olvidamos de José Luis Cabezas

Gladys Cabezas (hermana de José Luis)

Alejandro Vecchi (abogado de la familia Cabezas)

Gabriel Michi (Compañero de José Luis Cabezas)