Cadypba ve con suma preocupación, por el serio precedente que crea y las posibles derivaciones y consecuencias en detrimento de la Libertad de Expresión, que desde el Poder Ejecutivo se pretenda modificar por decreto una de las normas más debatidas de la historia argentina, tanto en Audiencias Públicas como en cientos de foros y debates a lo largo y lo ancho del país; además de ser una de las leyes de mayor consenso aprobada en el Parlamento argentino, y ser ponderada por los relatores de la OEA y de las Naciones Unidas.   En tal sentido, los editores bonaerenses hacemos propia la definición del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, cuando sostuvo que la LSCA de Argentina “no representa una amenaza en términos de regular los contenidos de los medios ni restringe indebidamente la libertad de expresión, tiene instrumentos importantes para promover la diversidad y el pluralismo, algo que es una obligación imperiosa de los Estados, y contiene una serie de limitaciones a la concentración excesiva de la propiedad y el control de los medios en pocas manos”.   Los medios de comunicación somos los vehículos para el ejercicio de la Libertad de Expresión, y como tales funcionamos en un marco legal, regulados por una autoridad legalmente constituida con la participación de la oposición con representación parlamentaria, las universidades y la sociedad civil. Que por un decreto presidencial, las decisiones vuelvan a ser adoptadas directamente por un ministro del Poder Ejecutivo, representa un grave retroceso en materia de Libertad de Expresión.