El Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial Dolores condenó a dos efectivos policiales que prestaban servicio en la Estación de Policía Comunal de General Madariaga, por el delito de “vejaciones en acto de servicio”. El fallo, dictado por el juez Jorge Martínez Mollard, alcanzó a los imputados J.J.F. y J.D.G., quienes recibieron penas de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
De acuerdo a lo publicado por Diario Compromiso de Dolores, los hechos juzgados ocurrieron el 29 de julio de 2016, cuando se produjo un disturbio dentro de los calabozos de la dependencia. Según consta en la sentencia, uno de los detenidos inició un incendio y se generaron incidentes con otros alojados. Tras la orden del jefe de la dependencia de intervenir, un grupo de policías —entre ellos los ahora condenados— ingresó al sector.
De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, los uniformados ejercieron 'violencia innecesaria' sobre al menos tres personas que se encontraban en el suelo, indefensas y sin oponer resistencia. Uno de los condenados arrojó a un detenido al piso, le aplicó patadas y disparó con una escopeta con posta de goma, mientras que el otro utilizó una tonfa (bastón policial) para golpear a los alojados.
Los precarios médicos posteriores confirmaron lesiones compatibles con agresiones físicas. El fallo destaca que la conducta de los agentes superó ampliamente el marco legal del uso de la fuerza, configurando así el delito de vejaciones.
El juicio fue llevado adelante mediante un procedimiento abreviado, con acuerdo entre el fiscal Mario Pérez y las defensas oficiales, y con el consentimiento de los imputados.
El juez Martínez Mollard resolvió:
Para J.J.F., un año de prisión condicional y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Para J.D.G., una pena única de dos años y seis meses de prisión en suspenso, y cinco años de inhabilitación, por unificación con otra condena anterior.
El fallo representa una nueva señal sobre la responsabilidad penal de agentes de seguridad que, en contextos de encierro, abusan de su autoridad y vulneran los derechos humanos de personas detenidas.
