El sonado caso, que conmocionó a buena parte de la opinión pública durante el último verano, refiere a una mujer oriunda de Florencia Varela, identificada como Paula Cristina Aranda (42), que explotaba sexualmente a su hija de 15 años y a otra menor -de la misma edad- que se encontraba bajo su tutela. Los hechos tuvieron lugar a partir del mes de enero de 2017, en un departamento de la localidad de Ostende, partido de Pinamar, sito en la calle Progreso entre Biarritz y Lautaro.

Entre las pruebas recolectadas se encuentran avisos publicados en una página web, llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp.

En la causa, se manifiesta que los investigadores tomaron contacto con "una femenina” -robusta, de unos 40 a 45 años de edad aproximada, cara redonda, tez trigueña, cabellos oscuros-, “quien ofrece mujeres para practicar servicios sexuales a cambio de dinero...., con una tarifa de 1100 pesos la hora, por una señorita, o 2000 pesos por dos señoritas juntas (trío), haciendo mención que posee disponible varias mujeres con atención desde las 18:00 horas hasta las 04;00 horas".

Asimismo, en la causa se apunta que "... habiendo practicado tareas investigativas y de discreto relevamiento vecinal, se logró determinar que quien regentearía el departamento donde se ejercen los servicios sexuales, resulta ser una femenina de entre 40 y 50 años de edad aproximados, que se haría llamar "Paula", la cual dio a conocer a sus vecinos que se encontraba de veraneo junto a sus sobrinas, que permanecerían toda la temporada. De las entrevistas practicadas también se logra establecer que las femeninas más jóvenes en todo momento se encuentra acompañadas de la restante femenina que dijo ser su tía, o de por lo menos otros dos sujetos masculinos mayores de edad, los cuales en horas nocturnas permanecen en la puerta del domicilio, en aparente estado de vigilancia y/o custodia.-"

También se sostiene que “se observa ingresar y egresar personas del sexo masculino en su mayoría jóvenes (clientes), los cuales permanecen por un lapso de 30 minutos aproximados en el interior, para posteriormente retirarse del lugar”.

La investigación arrojó como resultado que Aranda se encargaba de conseguir los clientes y cobrar el dinero por los “servicios”.

Vale mencionar que el caso, teniendo en cuenta el parentesco entre la imputada y la joven, como así también la edad de ambas chicas, causó impacto durante el verano pasado, incluso publicándose en medios de comunicación nacionales. 

En definitiva, realizadas las investigaciones pertinentes, y tras las declaraciones tomadas en sede judicial, la Fiscalía pidió la elevación a juicio para la mencionada María Paula Aranda, solicitando para ella una pena de 10 años de prisión efectiva. A partir de ahora, el juez interviniente, tendrá la última palabra en este sentido.