El presunto episodio de violencia institucional registrado en octubre de 2024 en General Madariaga sigue generando repercusiones judiciales. En las últimas horas, según supo EL MENSAJERO, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Dolores resolvió revocar el sobreseimiento parcial dictado por el juez de Garantías Gastón Giles, y ordenó la elevación a juicio de la causa con la calificación original planteada por el fiscal Walter Mércuri: lesiones leves agravadas por ser cometidas por funcionarios públicos y apremios ilegales.
De esta manera, los jueces Fernando Sotelo y Luis Felipe Defelitto acogieron favorablemente el recurso de apelación interpuesto por el fiscal y rechazaron el planteo de la defensa de los imputados —Luciano Balbín, Jorge Ganduglia y Raúl Luján, todos integrantes de la patrulla urbana— quienes buscaban el sobreseimiento total. El cuarto implicado, el policía bonaerense Aarón Sáez, no había apelado la elevación a juicio.
Según consta en la causa, a la que accedió EL MENSAJERO, el 22 de octubre de 2024, un joven fue interceptado por personal de seguridad en la intersección de Av. Buenos Aires y Olavarría. Las cámaras del Centro de Monitoreo muestran cómo fue reducido, golpeado y asfixiado por los imputados, quienes lo habrían confundido con un sospechoso de robo. El informe médico confirmó que la víctima sufrió escoriaciones, trauma nasal y otras lesiones.
En su resolución, la Cámara señaló:
'Los elementos convictivos reunidos poseen la entidad suficiente como para tener por acreditadas prima facie las figuras de apremios ilegales y lesiones leves agravadas (...). No corresponde el dictado de una sentencia absolutoria anticipada, existiendo elementos que justifican el tránsito de la causa por la etapa plenaria (juicio oral)'.
La causa, caratulada como Balbín, Luciano José y otros calificado por abuso de miembros de seguridad —aunque luego recalificada— fue impulsada por el fiscal Mércuri, quien desde el inicio sostuvo que “los actos de violencia se produjeron sin causa legítima ni proporcionalidad, vulnerando la dignidad del detenido, que no presentó resistencia alguna”.
Con esta resolución, el caso irá a juicio oral con los cuatro imputados bajo los cargos de apremios ilegales (Art. 144 bis inc. 2 del Código Penal) y lesiones leves agravadas (Art. 89 en función de los Arts. 92 y 80 inc. 9 del C.P.), y quedará en manos de la justicia correcional determinar las responsabilidades finales.
Cabe agregar, que en la elevación el fiscal propuso un eventual juicio abreviado, que contempla una pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
