El Gobierno empezó a jugar este miércoles una de sus cartas decisivas para intentar sancionar la reforma laboral en febrero. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezó una cumbre con referentes de la oposición aliada en el Senado, en busca de los votos que el oficialismo todavía no tiene asegurados para avanzar con el proyecto de “Modernización Laboral” durante las sesiones extraordinarias.
Bullrich inició una ronda de reuniones virtuales y contactos directos con los principales jefes de bloque y senadores clave del radicalismo, el PRO y fuerzas provinciales. Entre los interlocutores centrales figuraron Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta, quien ya transmitió la disposición del radicalismo a discutir la iniciativa, aunque con pedidos de cambios en puntos sensibles del articulado.
También estuvieron en la agenda de Bullrich los senadores del PRO encabezados por Martín Goerling Lara, además de representantes de bloques provinciales que suelen moverse en sintonía con sus gobernadores. Entre ellos Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), con peso en Corrientes; la salteña Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; y legisladores de espacios como Provincias Unidas y fuerzas patagónicas, cuyos votos resultan clave en un Senado fragmentado.
La senadora nacional aseguró que “está consolidado” el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral, aunque reconoció el reclamo de algunos senadores por la rebaja de ganancias ya que afecta los recursos de las provincias.
Bullrich precisó que tuvo un “diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”. “Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”, agregó.
El objetivo del Gobierno
El objetivo inmediato del oficialismo es asegurar el número para habilitar el debate en el recinto (la llave es de 37, cuando los votos asegurados que tiene hoy el oficialismo es de 21) y encaminar una sesión en la primera quincena de febrero. Se habla del 11 o 12 del mes próximo. En la Casa Rosada admiten que el acompañamiento de estos bloques no será automático y que la negociación combina demandas políticas, reclamos técnicos sobre la letra de la ley y pedidos vinculados al reparto de recursos. “Hay más moderación que optimismo”, dijo un vocero libertario.
En paralelo a las gestiones de Bullrich en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con la rosca territorial con los gobernadores. Esta semana aún tiene pendiente viajar a Corrientes y Misiones para reunirse con Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua. Si esos respaldos se concretan, el Gobierno pasaría a contar con el aval político de diez mandatarios provinciales.
Los gremios hacen su juego
Mientras el oficialismo acelera las negociaciones parlamentarias, del otro lado crece la presión sindical. Este miércoles por la tarde, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, volvió a recibir en la sede del gremio metalúrgico a más de una veintena de sindicatos de la CGT que reclaman una postura más dura frente a la reforma laboral. Entre ellos estuvireonLuz y Fuerza, Aceiteros, pilotos, aeronáuticos, ceramistas, gráficos y viales, además de ATE, que impulsa un paro nacional de estatales el día en que el Senado trate el proyecto.
La movida profundiza las tensiones internas en la central obrera. Mientras el triunvirato cegetista apuesta a frenar o morigerar la reforma a través de negociaciones informales con gobernadores y legisladores, los gremios más combativos presionan por una estrategia de confrontación abierta y medidas de fuerza.
La izquierda sindical y política también empieza a mover fichas. Organizaciones “clasistas” convocaron a un plenario para el 2 de febrero en Parque Lezama, con la consigna de construir una “gran respuesta obrera y popular” contra la iniciativa oficial. La diputada del Frente de Izquierda Unidad Romina Del Plá calificó la reforma como “una topadora contra conquistas históricas” y cuestionó a la conducción de la CGT por su estrategia de diálogo con el Gobierno.
