La particularidad del proyecto se vincula con la inversión de la carga de la prueba en contra de las empresas, en caso de que incumplan con la normativa, en lugar de los familiares. Las multas superan los treinta millones de dólares estadounidenses.
Este 10 de diciembre, venció el período de gracia que el parlamento australiano otorgó a las empresas de redes sociales para implementar la nueva normativa que les prohíbe registrar y mantener perfiles de usuarios menores de 16 años. El proyecto fue diseñado y promovido por el primer ministro, Anthony Albanese, de la mano de su Ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland.
Así, Australia se convirtió en el primer país en poner un coto a estas corporaciones y los usuarios de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube y muchas otras aplicaciones amanecieron este miércoles con una notificación que les exigía comprobar sus edades.
La particularidad del proyecto se vincula con la inversión de la carga de la prueba en contra de las empresas, en caso de que incumplan con la normativa, en lugar de los familiares. Las multas superan los treinta millones de dólares estadounidenses.
El lema del gobierno de Albanese es "restaurar el derecho de los niños a ser niños", y es una respuesta a las problemáticas que se desprenden de las pantallas, siendo una de ellas el incremento de los trastornos de salud mental y el suicidio entre adolescentes. Un drama que no queda lejano a los argentinos, y que la evidencia prueba que ha ido en ascenso durante las últimas décadas. En la Argentina, el número más alto de suicidios de la historia fue en 2024, con 4.249 casos de los cuales más de 386 correspondieron a adolescentes: es decir, más de un adolescente se quita la vida diaramiente en suelo argentino.
La posibilidad de regular el uso de las redes sociales siempre resultó rebuscada para los estados, teniendo en cuenta que la mayoría de sus sedes se concentran en Norteamérica. La provincia de Buenos Aires ensayó recientemente con la Ley de prohibición de pantallas en entornos educativos, impulasada por los legisladores provinciales Emmanuel Gonzáles Santalla y Lorena Mandagarán. Sin embargo, el caso australiano marca un precedente de otro alcance que, de seguro, repercuta en países de otras regiones.