En un intento por evitar una nueva caída parlamentaria, el Gobierno presentó este martes un nuevo dictamen sobre la ley de tierras, en la antesala de la sesión del Senado convocada para este jueves. La iniciativa original, que no contemplaba límites para la compra de tierras, debió ser modificada ante la presión de la oposición dialoguista, elevando el tope porcentual vigente del 15% al 25% de la superficie de cada distrito para la adquisición por parte de extranjeros.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, fue la encargada de anunciar los cambios. Entre las restricciones más significativas, se prohibió terminantemente que los Estados extranjeros adquieran tierras rurales en Argentina. Asimismo, se estableció que cualquier persona jurídica con participación estatal, directa o indirecta, necesitará un aval conjunto de la Nación y las provincias para operar.

El proyecto también introduce cambios sustanciales en la ley de expropiaciones. Se propone que la utilidad pública sea de interpretación restrictiva y que cada proceso deba identificar de forma específica y concreta el fin perseguido, bajo criterios de idoneidad y proporcionalidad. “Si el Estado nacional o provincial decide expropiar, se paga. No se le roba la tierra a aquel que la tenía”, enfatizó Bullrich durante la conferencia de prensa.

A pesar de las modificaciones, el clima político sigue siendo tenso. Mientras el oficialismo busca asegurar entre 38 y 40 votos, diversos actores sociales, radicales y hasta la propia vicepresidenta Victoria Villarruel han expresado reparos sobre el impacto de la norma en la soberanía nacional. El oficialismo confía en que estos consensos permitan destrabar el debate, aunque para este jueves ya se anticipa una masiva movilización de organizaciones frente al Congreso, marcando el tercer intento del Gobierno por sancionar esta pieza clave de su agenda legislativa.