Pinamar (Prensa HCD).- Se reunieron ayer las comisiones de Legales y de Presupuesto, donde se analizaron varios expedientes.

Comisión de Legales

Dio inicio con el pedido de los apoderados de Bosquemar de presenciar la comisión, por lo que se dio lectura al Expediente 4123-2761/17 - Licitación UTF 17, explicando que ese sector del frente marítimo es el último que queda por acondicionar y por esto es necesario tratarlo rápidamente, para que se llegue a demoler y reconstruir. Por todo esto, se propone someterlo a tratamiento en la sesión de esta semana.

El presidente de la comisión, el concejal Lucas Ventoso, explicó brevemente el expediente, y comentó que la intención de este pliego es eliminar los privilegios que tuvieron los concesionarios como sucediera en el anterior, por lo que se da lectura a algunos párrafos así como del proyecto de ordenanza que se someterá a votación el día viernes.

Dado que estaban presentes los actuales tenedores de la UTF, se les dio la palabra, por lo que plantearon inicialmente que quieren que avance esta licitación, pero por otro lado, que este pliego no pone punto final, sino que devolverá a la justicia esta cuestión. A partir de allí recorrieron el derrotero de la licitación anterior, explicando algunas cuestiones que según entendieron faltaba aclarar, lo que generó un debate legal, que culminó con la presentación del proyecto para ser sometido a tratamiento en la sesión de esta semana.

Comisión de Presupuesto

Dio inicio con el tratamiento de la Nota 1668 de De Vito y Cía. en la que deja expresa la desvinculación del concejal Rafael De Vito de la empresa. Su par Augusto Urrizola propuso agregar copia en los dos expedientes de licitación y la nota original pasaría al archivo del HCD. Luego se presentan para la firma los proyectos ya tratados.

A continuación se trató el proyecto de decreto obrante en el expediente interno 4123-2186/18 - consultas al HTC 2018, en el que se prevé un congelamiento de los sueldos de la planta política del HCD durante el 2018, hasta que se modifiquen las circunstancias que dieron lugar al decreto. Se explica que aún no se ha aprobado el presupuesto 2018, sino que se funciona con el prorrogado del 2017; que además se está discutiendo las paritarias de los empleados municipales, y que esto impacta en la remuneración de la planta política. Además que el presupuesto no refleja la ejecución presupuestaria por lo que a fin de año siempre termina con superávit.

El concejal Urrizola dijo que en otros municipios se ha hecho, pero que si fuera de aquí hacia el Ejecutivo tiene pocas chances de réplica, pero más allá de eso, entiende que cuando los recursos no alcanzan, hay que dar el ejemplo de arriba para abajo.

A diferencia de lo expuesto, el concejal Gregorio Estanga no se mostró de acuerdo con esta visión puesto que entiende que falta mecanismos de recaudación como todas las fallas de fiscalización que se observan en las notas recibidas. Que el Intendente Martín Yeza no hará el control de gestión necesaria, más allá de la intención que pueda tener o no, porque replica un modelo nacional, en el que hay que recurrir al ajuste.

Por su lado, el concejal Carlos Conti sostuvo que el HCD depende de la “buena voluntad” del Ejecutivo que en un cálculo conservador limita el 3%, por lo que se presenta este proyecto, cuando en realidad debería resolver la cuestión de base. En este punto se generó un debate, se comenta que se hizo una consulta al Honorable Tribunal de Cuentas y que aún se espera la respuesta. Desde Propin se planteó que si existiera otra propuesta que resolviera el problema de origen se aceptan modificaciones, pero que de acordar con este decreto, se presentará para la sesión. 

Para cerrar la comisión, desde el FpV se presentó un proyecto de ordenanza, referido al expediente interno 4123-2053/16 y la resolución 1174/17, en el que se declara la emergencia tarifaria, que se retrotraigan las tarifas de los servicios al 31 de diciembre del 2017 y la creación de una comisión de emergencia tarifaria en el HCD, entre otras cosas.

La concejal Nora Ponce, como observación al proyecto, propuso que sea trabajado desde la defensoría del pueblo y no desde una comisión, por lo que pidió que se vuelva a tratar la constitución de esa figura. En cuanto a esto último, desde Propin se recordó que para llevar adelante los reclamos, la legitimidad está limitado a su lugar de origen; además, se plantea agregar en el proyecto la insistencia en la recategorización de Pinamar como zona fría. En definitiva se aclara que se someterá a tratamiento en la sesión de esta semana.

18/04/2018