22/02/2017 -
Desarticulan una organización dedicada a la transferencia ilegal de inmuebles

Operaban en Mar del Plata y la zona. Habían presentado juicios ejecutivos en un Juzgado Civil de Dolores. Estaba integrada por abogados, escribanos, un agrimensor, un imprentero, comerciantes y empresarios.


(GENTILEZA DIARIO COMPROMISA) En el marco de una megacausa llevada adelante por la Fiscalía especializada en Delitos Económicos de Mar del Plata, se logró desbaratar una organización dedicada a elaborar y utilizar documentos privados y públicos falsos, con el objeto de transferir ilegalmente la titularidad de inmuebles registrados ante la Dirección del Registro de la Propiedad, obteniendo así su disponibilidad jurídica para apoderarse en forma deliberada de ellos, tanta para la organización como para eventuales compradores.
La información la dio a conocer el diario La Capital de Mar del Plata, indicando que la banda habría actuado entre los años 2013 y 2016, y que la integraban 8 abogados; 2 escribanos, 1 abogado del Registro de la Propiedad Inmueble, 1 agrimensor, un imprentero, comerciantes y empresarios.
La investigación iniciada en septiembre de 2016 cuenta a la fecha con 14 cuerpos, habiéndose efectuado numerosos allanamientos en Mar del Plata y la zona, como también en la ciudad de La Plata. Hasta el momento se verificó la transferencia ilegal de 28 inmuebles (lotes, cocheras, departamentos), y el intento de transferencia de un campo de 100 hectáreas valuado en 700 mil dólares.
El grupo tenía como objeto obtener del Registro de la Propiedad mediante la presentación de instrumentos públicos apócrifos, la inserción o levantamiento de providencias cautelares personales en perjuicio del organismo oficial que las había dictado o solicitado oportunamente.
Los integrantes del grupo captaban interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaban información para individualizar bienes que reunieran las características particulares para las mecánicas ideadas para tomar posesión de los mismos, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello.
Para instrumentar las maniobras diseñadas se elaboraban generalmente instrumentos públicos falsos, que simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien si existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en el expediente. En ellos se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de Organismos Públicos, de Magistrados, Funcionarios Judiciales y Escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.
Una vez elaborados eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia o en sus delegaciones, con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles, permitiendo que los integrantes de la organización o ocasionales cómplices obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.
También y para consumar otra de las mecánicas diseñadas, otros integrantes del grupo representados legalmente en todos los casos por los abogados del mismo, promovían juicios ejecutivos -generalmente ante el Juzgado de Paz de Villa Gesell o bien el Juzgado Civil y Comercial Nro. 4 de Dolores- contra los titulares registrales de los inmuebles que interesaban, sentando las bases informativas sobre las cuales luego se confeccionarían los instrumentos públicos falsos


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